Ayer, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero dispuso el
decomiso del histórico prostíbulo que funcionó durante más de 30 años
conocido como "Negro el 20", ubicado en la ciudad santiagueña de La
Banda. En línea con lo que había solicitado la fiscal Indiana Garzón ante
la Cámara de Casación, los jueces consideraron que en el lugar se
desarrolló "la recepción, acogimiento y explotación sexual de la
víctima" durante enero de 2012.
Además, el TOF aumentó la pena y ordenó la inmediata
detención para uno de los acusados, quien había sido condenado en 2014 junto a los otros acusados.
En febrero de este año, la Sala II de
la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido de la representante del MPF y reenvió
el caso al Tribunal, que si bien ordenó el recupero del bien, no se
pronunció sobre el destino del inmueble, que la Procuraduría de Trata y
Explotación de Personas había propuesto que sea utilizado para la
reparación integral del daño producido sobre la víctima del caso.
En la audiencia realizada ayer, estuvo presente la fiscal
Indiana Garzón, quien contó con la colaboración de la presidenta de la
Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco.
En el caso, intervino la Protex, a
cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y la Dirección General de Activos
y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, cuya titular
es María del Carmen Chena.
Argumentos
En el dictamen presentado ante Casación, la
Protex destacó que la ejecución del decomiso del boliche busca hacer efectiva
la ley de trata de personas que contempla el resarcimiento de las
víctimas. En ese sentido, en su escrito los fiscales remarcaron que
“la función de los tribunales ante la grave violación a los derechos humanos
que implica que una persona haya resultado víctima del delito de trata de
personas, no debe limitarse exclusivamente a su faz sancionatoria, sino que
además debe contemplar la reparación integral a los derechos de quien resulte
afectada. Y esta afirmación también se explica en las particularidades del
delito y de las personas que son proclives a resultar víctimas de estas
maniobras, que por lo general pertenecen a un colectivo en situación de
vulnerabilidad”.
Los cotitulares de la Procuraduría especializada, junto a la
fiscal Garzón, remarcaron “la asimetría que por lo general se presenta
entre víctima y victimario, entre quien fue sometida a quien la sometió,
conspira contra cualquier posibilidad de que la parte damnificada asuma un rol
activo para obtener una reparación. Una asimetría que además está acrecentada
por el miedo. Las víctimas de trata y/o explotación de personas o de sus
delitos conexos han pasado por incontables penurias y se han expuesto a otros
tantos peligros al denunciar o testificar contra sus tratantes. Al hacerlo, han
arriesgado sus vidas y las de sus familias y muchas veces son objeto de
persecuciones y amenazas por parte de quienes las sometieron. Estas
circunstancias no solo conspiran contra la posibilidad de que declaren contra
sus agresores, sino también contra la decisión de encarar un reclamo
indemnizatorio contra quienes seguramente todavía representan un peligro cierto
para sus vidas, su integridad física y la de sus seres queridos. De ahí que
corresponda al Estado, tratar de equiparar esa desigualdad existente entre este
binomio y, procurar la reparación integral de las víctimas”.
“Ante la evidente asimetría entre ambas, es el Estado quien debe
procurarle a la víctima una solución viable para obtener la reparación
económica por el daño sufrido, sin someterla a una revictimización. Esto
implica la participación activa del Ministerio Público Fiscal en el impulso de
un reclamo de esa índole”, concluye el escrito.
El caso
La víctima oriunda de la
localidad misionera de Colonia Oasis de la Ciudad de Jardín América fue
engañada a través de una falsa oferta laboral y llevada hasta la ciudad de La
Banda, Santiago del Estero donde fue obligada a prostituirse en un local
nocturno de esa localidad.
La joven relató que una vez que llegó
a la whiskería, donde fue golpeada, “no la dejaban ver ni el sol” y la
controlaban todo el tiempo. Dijo que fue violada cuatro o cinco veces entre
cuatro personas del lugar que le decían que era “para que aprendiera porque
ella estaba ahí para obedecer”. Además, detalló que en el prostíbulo había
otras mujeres oriundas de la Provincia de Santa Fe, “pero que no podían
hablar”.
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