El Programa “Ellas hacen”, dependiente del ministerio de Desarrollo Social, modificó los requisitos y amplió la interpretación de “estado de vulnerabilidad”, por lo que desde ahora incluirá a las mujeres víctimas de trata de personas y explotación sexual en la asignación de cupos.
Entre los argumentos presentados por la Protex en su dictamen de apoyo, aseguraron que “dichas mujeres necesitan una inmediata atención, que les permita sobrellevar las diferentes secuelas físicas y psíquicas causadas por haber transcurrido gran parte de sus vidas inmersas en el perverso circuito de la prostitución, lo que les ha imposibilitado lograr una adecuada inserción social”.
En ese sentido, destacaron que “las mujeres han pasado casi la mitad de sus vidas detenidas en distintas Comisarías, en virtud de diversas normativas locales y códigos contravencionales de dudosa constitucionalidad, que dotaban al personal policial de dicha potestad. Facultad ejercida, por otro lado, sin la observancia de los mínimos estándares establecidos en materia de Derechos Humanos, ya que habrían sido obligadas a permanecer una arbitraria cantidad de horas/días sin poder establecer comunicación con el exterior, y muchas veces sin la alimentación y/o atención médica adecuada (entre otros abusos)”.
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