Carlos José Martínez fue condenado a 11 años de prisión por la violación y explotación sexual de una adolescente salteña en una carpa en la Plaza Carbó, detrás de la Casa de Gobierno y a escasos metros de la Jefatura Central de Policía. Es la pena más alta que haya impuesto el tribunal por el delito de trata y una de las más fuertes a nivel nacional. También se dispuso abrir una investigación para dar con una mujer que era cómplice.
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Carlos José Martínez a 11 años de prisión por el delito de trata de personas, por la violación y explotación sexual de una nena salteña de 15 años en una carpa abandonada por ambientalistas que protestaban contra la ley de agrotóxicos.
Martínez, de 39 años y oriundo de Granadero Baigorria, fue condenado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en las modalidades de captación, traslado y recepción; agravado por ser la víctima menor de edad; por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad; por la utilización de engaño, violencia y amenazas; y porque la explotación efectivamente se consumó.
Los 11 años que recibió constituyen la pena más alta que se haya impuesto por el delito de trata en la provincia y una de las más fuertes del país –hay solo cinco antecedentes de condenas más severas–, entre las casi doscientas sentencias que se han dictado desde 2008.
En el juicio, se probó que Martínez reclutó a Ele, una niña de 15 años, en la localidad salteña de El Quebrachal, el 20 de agosto de 2014; de allí la trasladó hasta una especie de inquilinato en la ciudad de Santa Fe, donde había otras niñas y adolescentes que eran explotadas sexualmente por la organización; y luego nuevamente a Paraná, donde el propio Martínez la sometió en una carpa ubicada en la Plaza Carbó, detrás de la Casa de Gobierno, hasta que fue rescatada por la Policía, el 10 de septiembre.
En su alegato, el fiscal José Ignacio Candioti había calificado el caso como de “trata dura”, por el uso de amenazas y extrema violencia para quebrar la voluntad de la víctima, ya que era obligada a consumir pastillas y alcohol y sufrió feroces palizas con golpes de puño, cintazos en distintas partes del cuerpo e incluso quemaduras con cigarrillos.
También quedó acreditado que la organización que integraba Martínez estaba formada por otras personas y, tal como había solicitado el fiscal, los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispusieron que se investigue a Gladys Graciela Ibáñez, que también se hacía llamar como “Gladys Díaz” o “Gladys Rodríguez”, quien se encuentra prófuga desde el 10 de septiembre de 2014.
Luego de la lectura del veredicto, Candioti se mostró satisfecho con la condena, aunque fue menor a la que había solicitado. “Lo principal es que haya sido condenado porque eso estableció también que la versión de la víctima no era falsa, como sostenía el imputado, sino que los hechos existieron; y también es importante que el tribunal haya dispuesto que se siga investigando la ruta Santa Fe-Paraná de la trata de personas, porque Martínez no actuó solo sino que había otra mujer santafesina que llevó a la nena desde Salta hasta Santa Fe, que está identificada con nombre y apellido y se sabe su domicilio”, resaltó.
