Desde
la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) afirmaron que el
año pasado, en el marco de la coadministración que ejerce del Sistema
Sincronizado de Denuncias creado por el artículo 14 de la ley 26.842 y conocido
como “Línea 145”, el organismo recibió “más de 1.800 denuncias remitidas por el
Programa Nacional de Rescate, dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación, encargado de administrar el centro de llamadas”, agregando que “el
número de denuncias recibidas por este medio aumentó exponencialmente en el
último año, y creemos que buena parte de ello obedeció a la más eficaz difusión
que el Estado Nacional está haciendo de ella, ahora presente en varios y
diversos, por temática y horario, programas televisivos y radiales”. A ello se
sumó “su difusión en la gráfica en diarios, revistas y otros lugares
sensibles”, añadieron, remarcando que “el 75 por ciento de las denuncias fueron
derivadas inmediatamente a los organismos con competencia penal para su
investigación, Fiscalías Penales de competencia local o federal en todo el
país”.
Desde la Procuraduría destacaron el incremento en la cantidad de denuncias realizadas a la línea 145, comparando las más de 1.800 que tuvieron lugar durante el curso del 2016, con las 679 que dicha plataforma, de acceso en todo el territorio nacional, había tenido el año anterior.
En 2015, según información del organismo judicial, un 48 por ciento de las denuncias en el país fueron por “explotación sexual”; del total de casi 700 denuncias, 57 por ciento fueron realizadas de forma anónima y otro 43 por ciento, con el denunciante identificado.
Desde la Procuraduría destacaron el incremento en la cantidad de denuncias realizadas a la línea 145, comparando las más de 1.800 que tuvieron lugar durante el curso del 2016, con las 679 que dicha plataforma, de acceso en todo el territorio nacional, había tenido el año anterior.
En 2015, según información del organismo judicial, un 48 por ciento de las denuncias en el país fueron por “explotación sexual”; del total de casi 700 denuncias, 57 por ciento fueron realizadas de forma anónima y otro 43 por ciento, con el denunciante identificado.
Más
de 300 casos tuvieron atención “urgente”
Del
total de denuncias, 131 fueron archivadas, “31 denuncias dieron lugar al inicio
de investigaciones preliminares en Protex, dado que comprendían casos de
connivencia o complicidad de altos funcionarios públicos y/o daban cuenta de la
existencia de una red” y “a otros 313 casos se les dio tratamiento de
emergencia (extrema urgencia) derivándoselos directamente desde el mismo
Ministerio de Justicia a las fuerzas de seguridad federales para su
judicialización inmediata, con noticia y seguimiento de esta Procuraduría”,
informaron a través del relevamiento presentado este año.
A su vez, indicaron que “a cada denuncia que ingresa y se deriva se le suma el valor agregado de, por un lado, un exhaustivo relevamiento de la información que contiene a través de las variadas bases de consulta de datos a las que Protex tiene acceso (personas físicas, jurídicas, bienes muebles, inmuebles, ingresos y egresos del país, antecedentes judiciales por lugar, domicilio denunciado, entre muchos otros dato) y, por otro, profundización de los datos de la denuncia original a través de posteriores contactos en algunas ocasiones con el denunciante, y demás gestiones previas a la derivación con el objetivo de remitirla a los órganos judiciales competentes con la mayor cantidad de datos corroborados”.
Un 10% de funcionarios públicos involucrados
En otro orden, destacaron desde la Procuraduría que “hemos perfeccionado la base de datos que registra y sistematiza la información de cada denuncia efectuada mediante este sistema a fin de favorecer el acceso a la misma y su entrecruzamiento con otras bases a las que tiene acceso esta Procuraduría”, labor que “nos permite evacuar consultas de antecedentes efectuadas por otras dependencias judiciales, optimizando los recursos estatales disponibles y evitando la duplicidad de expedientes con un mismo objeto procesal”.
De esta manera, “el canal telefónico estatal de denuncias gratuita y anónima ha mejorado notablemente su difusión, y con ello ha sido una excelente herramienta para detectar casos de trata de personas y delitos vinculados; el posible carácter anónimo de la denuncia ha garantizado el inicio de un alto porcentaje de casos de trata que involucran funcionarios públicos como cómplices o encubridores de las maniobras delictivas, en aproximadamente un 10 por ciento”.
A su vez, indicaron que “a cada denuncia que ingresa y se deriva se le suma el valor agregado de, por un lado, un exhaustivo relevamiento de la información que contiene a través de las variadas bases de consulta de datos a las que Protex tiene acceso (personas físicas, jurídicas, bienes muebles, inmuebles, ingresos y egresos del país, antecedentes judiciales por lugar, domicilio denunciado, entre muchos otros dato) y, por otro, profundización de los datos de la denuncia original a través de posteriores contactos en algunas ocasiones con el denunciante, y demás gestiones previas a la derivación con el objetivo de remitirla a los órganos judiciales competentes con la mayor cantidad de datos corroborados”.
Un 10% de funcionarios públicos involucrados
En otro orden, destacaron desde la Procuraduría que “hemos perfeccionado la base de datos que registra y sistematiza la información de cada denuncia efectuada mediante este sistema a fin de favorecer el acceso a la misma y su entrecruzamiento con otras bases a las que tiene acceso esta Procuraduría”, labor que “nos permite evacuar consultas de antecedentes efectuadas por otras dependencias judiciales, optimizando los recursos estatales disponibles y evitando la duplicidad de expedientes con un mismo objeto procesal”.
De esta manera, “el canal telefónico estatal de denuncias gratuita y anónima ha mejorado notablemente su difusión, y con ello ha sido una excelente herramienta para detectar casos de trata de personas y delitos vinculados; el posible carácter anónimo de la denuncia ha garantizado el inicio de un alto porcentaje de casos de trata que involucran funcionarios públicos como cómplices o encubridores de las maniobras delictivas, en aproximadamente un 10 por ciento”.
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